En Argentina, la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años vuelve a poner en agenda una pregunta que como sociedad no podemos esquivar: ¿estamos construyendo respuestas que reparan o solo respuestas que castigan?
El debate suele plantearse en términos de seguridad y sanción. Pero cuando se trabaja cotidianamente con niños, niñas y adolescentes en situación de vulneración de derechos, la pregunta cambia de lugar.
Y se vuelve más incómoda.
¿Esta medida amplía las oportunidades de reparación o profundiza las lógicas de exclusión?
Cuando el problema empieza mucho antes
Quienes llegan a situaciones de conflicto con la ley penal no lo hacen en el vacío. Son, en muchos casos, adolescentes que atravesaron historias marcadas por el abandono, la violencia, la falta de cuidados y la ausencia de oportunidades sostenidas en el tiempo.
Desde los espacios de cuidado y protección, esta realidad no es una excepción: es lo cotidiano.
Por eso, pensar la respuesta únicamente desde lo punitivo corre el riesgo de mirar solo el último tramo del problema, sin atender todo lo que ocurrió antes.
Un sistema de protección que aún no alcanza
Antes de preguntarnos cómo sancionar, es necesario preguntarnos si el sistema está logrando proteger.
Hoy, esa respuesta está en tensión.
Preocupa que no existan suficientes hogares para alojar a niños y adolescentes cuando sus derechos han sido gravemente vulnerados. Preocupa que muchos deban esperar una vacante mientras continúan expuestos a situaciones de riesgo.
Preocupa también la falta de dispositivos adecuados para abordar la salud mental, tanto de los adultos responsables como de los propios chicos. Sin ese acompañamiento, las posibilidades de sostener vínculos, reparar historias y construir alternativas reales se debilitan.
Preocupa, además, la baja inversión en los espacios que trabajan con la reparación cotidiana. Hogares que sostienen, acompañan y reconstruyen trayectorias con recursos limitados, en contextos cada vez más complejos.
Y preocupa profundamente lo que sucede con la escuela. Porque cuando sostener la permanencia educativa se vuelve difícil, lo que se pierde no es solo un espacio de aprendizaje, sino también una oportunidad de inclusión.
¿Qué lugar ocupa la reparación?
Frente a este escenario, la baja de la edad de imputabilidad abre un interrogante central:
¿se trata de una medida exclusivamente punitiva o incluye una mirada verdaderamente reparatoria?
Porque si la respuesta del sistema no incorpora instancias de acompañamiento, salud mental, educación y reinserción, el riesgo es que la intervención llegue, una vez más, tarde.
Y cuando eso ocurre, el sistema no repara. Solo administra consecuencias.
El desafío que viene
Cuando todas estas condiciones ya presentan dificultades, es inevitable preguntarse cómo será posible sostener el trabajo a partir de ahora.
Incorporar adolescentes más jóvenes al sistema penal exige mucho más que una modificación legal. Requiere estructuras, recursos y una decisión clara de priorizar la protección integral por sobre la respuesta inmediata.
De lo contrario, la medida corre el riesgo de profundizar un circuito donde los mismos adolescentes que no fueron protegidos a tiempo terminan siendo los más sancionados.
Una reflexión necesaria
Tal vez el verdadero debate no sea solo a qué edad alguien puede ser imputado.
Sino si, como sociedad, estamos haciendo todo lo necesario para que ningún adolescente llegue a ese punto.
Porque cuando la protección falla, el castigo aparece.
Y cuando el castigo llega sin reparación, la historia se repite
